3 de Enero de 2018
Una
vez más, asistimos a una medida del gobierno nacional y los gobiernos
provinciales de Neuquén, Río Negro y Chubut, que atenta contra leyes y
principios democráticos consagrados en la Constitución Nacional, configurando
un paso más en la escalada de hostigamiento a los pueblos indígenas. El
gobierno busca construir una entidad a la que identifica como RAM (Resistencia
Ancestral Mapuche) -con argumentos notablemente endebles- como el enemigo
privilegiado, al tiempo que extiende esta caracterización de “peligrosidad” a
grupos políticos de izquierda, sectores anarquistas, organizaciones no
gubernamentales, movimientos sociales, de los que afirma que confluirían en un
accionar violento y extendido que ameritaría una respuesta contundente del
Estado: la creación de un “comando unificado”.
El
informe que se hizo público en los últimos días y que es la razón por la que se
crea dicho “comando unificado”, está plagado de inexactitudes, información
intencionalmente distorsionada y sesgado de modo tal, que lleve a la
justificación del uso de la violencia estatal. Afirma sin más –careciendo del
respaldo necesario, dada la gravedad de la información que transmite- que la
tal RAM sería un movimiento etnonacionalista violento estrechamente vinculado a
la Coordinara Arauco Malleco de Chile (CAM) y dependiente del Movimiento
Autónomo del Puel Mapu (MAP), quienes compartirían sus objetivos políticos: la
lucha insurreccional contra el Estado argentino (y el Estado chileno) y la
propiedad privada de la tierra.
En
el informe, llegan a ilustrar como “armas utilizadas” por las organizaciones
“terroristas” a herramientas tales como serruchos, destornilladores,
motosierras o tenazas, todas ellas indispensables para cualquier trabajo
llevado adelante en el campo. Algunas otras de “las pruebas” aportadas son los
panfletos distribuidos en los lugares donde se llevaron adelante acciones
ilícitas, comunicados en la web y pintadas, sin detenerse a considerar que
“cualquiera” puede imprimir panfletos, subir comunicados a la web o pintar
consignas. Es de destacar que todo el material probatorio que presenta este
“informe“ ha sido tomado de publicaciones en medios masivos de comunicación y
de páginas de internet, y que en donde se afirma que cuenta con “indicios”
propios que probarían la culpabilidad de las organizaciones, dichos indicios no
se explicitan.
En
un extenso capítulo segundo, los autores le atribuyen a la RAM, livianamente,
96 hechos judicializados y de conocimiento público, sin adjuntar ninguna otra
prueba que –otra vez- panfletos, pintadas, trascendidos, etc. etc., demostrando
una vez más cómo el aparato de inteligencia “construye la realidad”, realidad
que responde y se adapta a los parámetros ideológicos de este gobierno.
El
informe da por ciertos este conjunto de hechos, como si todos ellos ya hubieran
sido juzgados, contaran con sentencia firme, y hubieran sido cometidos por
miembros de la RAM, quienes previamente habrían confesado su membrecía y su
autoría (a través de la sola presencia de panfletos). Por el contrario, muchos
de los hechos denunciados ya han sido públicamente desmentidos. Hasta tal punto
dicho informe es parcial, malintencionado y engañoso, que confunde la
preservación cultural con la formación de un Estado paralelo, ejemplificando
esta situación con el permanente reclamo por parte de las comunidades mapuches
de que se permita ingresar por la frontera hierbas medicinales, que precisamente
responden a sus propias prácticas y no configuran delito, sino que por el
contrario, el derecho a la procuración de la
salud por vías tradicionales está reconocido en la legislación vigente.
Es decir, no solamente se confunde intencionalmente el reclamo por la defensa
de pautas culturales acotadas con una supuesta amenaza a la soberanía nacional,
sino que se pretende un retroceso en el ejercicio de los derechos ya
reconocidos por el Estado argentino después de muchas décadas de pacífico y
trabajoso diálogo intercultural.
La
creación de un comando con fuerzas de seguridad de carácter interprovincial y
nacional cuyo objetivo es combatir a este “enemigo mapuche”, recuerda la
terrible historia del terrorismo de Estado en Argentina. Su fuerza argumentativa
radica precisamente en el conjunto de falacias, que nuevamente invocan
conexiones internacionales, vínculo con las guerrillas colombianas (ya hoy en
proceso de paz), o nexos con organizaciones kurdas.
Pero
no sólo “imagina” los nexos con enclaves internacionales, sino que también
incluye organizaciones no gubernamentales, ejemplificando con el Observatorio
de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (ODHPI), una organización
reconocida a nivel nacional e internacional que trabaja acompañando los derechos
de los pueblos indígenas en nuestro país, en especial los derechos de las
comunidades mapuche. En definitiva, ignora la vigencia de los derechos
indígenas en Argentina, considera que la propiedad comunitaria indígena –aunque
sea un derecho de rango constitucional- es incompatible con la propiedad
privada, demonizando cualquier sector, grupo, organización que luche por la
vigencia de estos derechos, cubriendo con un manto de sospecha cualquiera de
sus actividades.
Asimismo,
contradice la ley de inteligencia nacional 25.520 que prohíbe que cualquier
organismo de inteligencia obtenga información “…sobre personas, por el solo
hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de
adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales,
comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por
la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción” (art. 4,
inc. 2).
El
informe conjunto realizado entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y los
gobiernos de las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut es lamentable y
genera una profunda preocupación por la firme decisión manifestada por el
gobierno de perseguir al pueblo mapuche, configurando escenarios que vuelven a
justificar la represión y criminalización. No olvidemos que en los últimos
cuatro meses hemos asistido a la muerte por ahogamiento de Santiago Maldonado
en un contexto de represión, y el posterior asesinato de Rafael Nahuel en el
lago Mascardi, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, por parte de las
fuerzas de seguridad estatal.
En tanto Espacio Nacional para la Paz y el
Diálogo Intercultural, queremos manifestar nuestro rechazo hacia el
conjunto de acciones políticas que el gobierno está llevando a cabo en relación
a la histórica problemática indígena, pretendiendo convertir
a las comunidades mapuches y sus miembros en sujetos pasibles de persecución
por un supuesto accionar violento; violencia que no duda en ejercer el Estado a
través de sus diferentes instancias y de las acciones que despliega.
Es
imperioso detener esta escalada de violencia institucional.
NO más
persecución y demonización de los pueblos indígenas.
Por
la defensa de la vida. Por el respeto de la Constitución y el régimen
democrático, Por el reconocimiento del derecho a las tierras y el territorio de
los pueblos indígenas.
Espacio Nacional por la Paz y el Dialogo
Intercultural
mesanacionalintercultural@gmail.com
